En nuestro anterior artículo hablábamos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado para financiar toda una batería de actuaciones destinadas a aumentar la eficiencia energética en todos aquellos sectores que consumen energía. Uno de esos sectores es el alumbrado público.

Las farolas forman parte del paisaje de nuestros pueblos y ciudades. También de muchos tramos de carretera con alta densidad de tráfico que se iluminan para facilitar la circulación durante la noche. En España contamos con 8,8 millones de puntos de luz, con una potencia media de 156 vatios (W) por cada punto y 4.098 horas de utilización anual, lo que supone un consumo de electricidad de 5.296 GWh/año –aproximadamente el 2% del consumo nacional– y un coste para los municipios de unos 795 millones de euros al año.

Por suerte, el desarrollo tecnológico y la innovación en los sistemas de iluminación han propiciado que el cambio de luminarias, lámparas y equipos de regulación por otros más modernos ofrezca un elevado potencial de ahorro energético.

Y mucho sentido común. Porque las nuevas instalaciones ya no proyectan la luz al cielo, como muchas de las farolas tradicionales, sino a las calles que pisamos, de manera que utilizamos el alumbrado público de forma más eficiente y evitamos la contaminación lumínica que nos había hecho olvidar que el cielo está lleno de estrellas.

En la primera convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, que se cerró en mayo de 2016, se aprobaron 65 solicitudes de ayuntamientos por importe de 64,7 millones de euros. En estos momentos se encuentran en fase de ejecución y permitirán que los 2,4 millones de ciudadanos residentes en estos municipios dispongan de una iluminación de mejor calidad lumínica, y las arcas de sus ayuntamientos puedan ahorrar 8,4 millones de euros y 56.200 MWh de electricidad.

Ya hay una segunda convocatoria en marcha, dotada con un presupuesto  inicial de 28,7 millones y ampliado posteriormente en 20 millones de euros más debido al éxito de la convocatoria, que estará abierta hasta abril de 2018. El objetivo es el mismo: continuar con la renovación total o parcial de las instalaciones municipales de alumbrado exterior para reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO2. Y no estamos hablando de pequeños ahorros, no. De hecho, las actuaciones elegibles para lograr las ayudas contemplan una reducción del consumo eléctrico de, al menos, el 30%.

Pero los ahorros pueden ser mucho mayores gracias a la tecnología LED, que se ha convertido en dominante en el sector. En el 97% de las propuestas recibidas en la primera convocatoria se incluía la sustitución de lámparas tradicionales por otras LED. Ese simple gesto implica que la potencia media de los puntos de luz a cambiar se reduce de 156 a 58 W. Lo que supone ya un ahorro del 63%. A lo que habría que sumar el ahorro adicional de los sistemas de regulación horaria de flujos, que también se han previsto en la mayoría de los casos. Sumar ambas medidas podría suponer unos ahorros de entre el 65 y el 80%.

El cambio tecnológico propiciado por los LED ha sido de tal calibre que ninguna otra actuación de reformas de instalaciones consumidoras de energía puede ofrecer unas cifras de ahorro semejantes. Una razón más que convincente para animar a todas las administraciones a sumarse al reto de transformar el alumbrado público de sus pueblos y ciudades.

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