El pasado viernes 12 de enero (y publicado en el BOE el día 13) el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

¿Qué significa esto?

Pues que  las grandes empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio tienen la obligación de realizar auditorías energéticas para mejorar su consumo energético.

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Estas empresas tienen un plazo de nueve meses  para realizar las auditorías y podrán sustituirlas además por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor. Pero debes saber que  aquellas empresas que ya las hayan realizado desde el 5 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en vigor de la Directiva comunitaria), se considerarán válidas.

Y es que ya se llevaba esperando esta medida desde hace casi dos años por lo que las empresas estaban preparadas para actuar, aunque  ahora es momento de cumplir con los requisitos establecidos.

Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años.
¿Sabes que se estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales?.

¿Quién las debe ejecutar?

Las auditorías serán realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en este Real Decreto, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado.

¿En qué consiste una auditoría energética?

La auditoría energética parte de la recopilación de información y la toma de datos sobre el consumo energético en una empresa u organización. El inventario energético y la medición del gasto de los equipos permiten el análisis y la evaluación del estado de las instalaciones (cuánto, cómo, y dónde se está consumiendo).

Una vez se han evaluado en detalle los patrones de consumo, el auditor realizará un informe final con recomendaciones de mejora que incluye el cálculo de las inversiones, beneficios y periodos de retorno asociados a la implantación de las medidas de ahorro y eficiencia energética más rentables para el cliente.

El coste de no auditar

Las empresas podrán ahorrar y aquellas que no hayan realizado la auditoría energética en el tiempo indicado, se enfrentarán a sanciones que irán desde los 300€ a los 60.000€.

Así, pues grandes empresas, ¡a auditarse ya!

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